En la presentación de ASTURIAS POR LA UNIDAD, Rocío Álvarez Fernández dijo que:
“En los últimos tiempos se está hablando mucho de unidad, de la necesidad de reconstruir consensos sociales y de defender la democracia y la cohesión en un contexto cada vez más polarizado. Y desde esta iniciativa queremos decir algo muy claro: la unidad empieza por los derechos.
Hablar de enfoque de derechos significa algo muy simple: que todas las personas, independientemente de su origen, tengan garantizado el acceso efectivo a derechos básicos como la atención social, la salud, la educación o la vivienda.
Cuando hablamos de migración, no hablamos de bandos ni de bloques. Hablamos de personas que viven en nuestros barrios, que trabajan, que cuidan, que forman parte de la ciudad. Y hablar de personas es hablar de derechos humanos.
El enfoque de derechos no es una consigna ni una etiqueta. Es un principio básico: que el acceso a servicios sociales, a la atención, al acompañamiento y a una vida digna no dependa del origen ni de la situación administrativa.
Cuando una parte de la población queda fuera de los servicios sociales, no se genera seguridad ni orden. Se genera desigualdad, desconfianza y fractura social.
Y eso nos afecta a todas y a todos. Los servicios sociales son una de las principales herramientas que tenemos para sostener la convivencia.
No están para señalar ni para controlar, sino para garantizar derechos, prevenir conflictos y fortalecer comunidad.
En una ciudad diversa como Gijón, la cohesión social no se construye levantando muros, sino tendiendo puentes.
Y esos puentes se llaman derechos, políticas públicas fuertes y servicios accesibles y humanos.
Por eso esta iniciativa es, ante todo, una llamada a la unidad social y cívica.
A la unidad entre instituciones, colectivos y ciudadanía para defender un modelo de ciudad que no deje a nadie atrás.
Hacemos un llamamiento a las instituciones para que refuercen el enfoque de derechos en las políticas sociales.
A los colectivos y entidades, para que sigan siendo espacios de acogida, diálogo de apoyo mutuo y de acompañamiento donde se fortalezcan redes de protección.
Y a la ciudadanía, para que no compre discursos que dividen y que convierten la diversidad en miedo.
Defender los derechos de las personas migrantes no resta derechos a nadie, los fortalece, aportando justicia, seguridad y democracia.
Esta iniciativa no nace para enfrentar, se trata de una iniciativa social, cívica y abierta que parte de la ciudadanía y que nace para generar cambios.
Para recordar que la convivencia se construye desde los derechos, y que la unidad empieza cuando nadie queda fuera.
Se trata de una llamada a la corresponsabilidad ciudadana, social e institucional por la justicia social, partiendo de la convicción de que la defensa de los derechos humanos no divide, sino que une.
Que una ciudad y una región que cuida, son una ciudad y una región más justas y más seguras para todas las personas.
Y Miguel San Miguel nos dijo, en la Revoltosa que:
GRACIAS A LA REVOLTOSA, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A CARLOS VILLÁN DURÁN. FUNCIONARIO de NACIONES UNIDAS, A CARLOS PONTE, PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA POR LA SANIDAD PUBLICA Y A ROCIO ALVAREZ DE MAR DE NIEBLA.
Cuando la Ventolín estábamos en París conmemorando la liberación de la ciudad por los españoles de “la Nueve”, en un encuentro con la sobrina nieta de Negrín nos transmitió la siguiente reflexión que le había hecho su tío:
“La República Española perdió, y triunfó el fascismo, se produjo, no tanto por el apoyo de los gobiernos fascistas y la indiferencia e inacción de los países democráticos, sino por la división e incluso el enfrentamiento de los partidos y organizaciones de la izquierda”.
Por eso un grupo de personas, recogiendo el sentir de la inmensa mayoría de la población, estamos aquí exigiendo unidad ante el fascismo que está avanzando en nuestro país, así como a nivel planetario: es un monstruo de siete cabezas que está ocupando y pretende hacerse con el mundo desatando guerras y conflictos, y mediante el control de las redes y los medios de comunicación, están poniendo en peligro todos los derechos sociales y libertades adquiridos. No construir esa unidad sería un acto de irresponsabilidad que la historia nos lo demandará con toda justicia
Que esta iniciativa se convierta en un clamor que exija la unidad de acción en defensa de los derechos y libertades y construya una resistencia frente a quienes quieren acabar con todo.
Estos días hay quien nos dice que nuestro empeño es una quimera, pero recordando a Amin Maluf diríamos: Que “más vale equivocarse en la esperanza que acertar en la desesperación”.
La sanidad pública y el derecho a la salud en tiempos difíciles
La sanidad pública, un pilar básico del EB por su universalidad, gratuidad de acceso y calidad de prestaciones, está llena de agujeros que la hunden poco a poco. Después de años de fragilidad, que encubrían problemas estructurales no resueltos, la pandemia de la COVID ha sido el factor desencadenante de una “tormenta perfecta”, con retos demográficos, epidemiológicos y políticos, que nos puede conducir directamente al colapso del sistema público.
El principal desafío es la accesibilidad. Nunca se ha esperado tanto tiempo. Un atasco sin precedentes que explica por qué el 30% de los asturianos han contratado un seguro médico privado, o la razón por la que desembarcan empresas multinacionales como Ribera Salud o Quirón. No es alarmismo, pero la huida de las clases medias del sector público nos abocará a una sanidad de beneficencia.
El problema no es la falta de médicos o el envejecimiento poblacional, que son los mantras habituales utilizados por la Administración. Es cierto que más envejecimiento es más gasto sanitario, pero en las últimas dos décadas (datos del INE) las listas de espera se han duplicado y el volumen de pacientes ha crecido el 94%. En ese mismo periodo, la población mayor de 65 años aumentó un 42%, a un ritmo muy inferior. Y otro tanto con respecto a los médicos, el número de colegiados pasó de 190 mil a más de 300 mil, un incremento de un 62%. Es decir, no faltan médicos, aunque si faltan enfermeras, lo que no parece ser noticia.
Otro argumento clásico es atribuir el deterioro del sistema a la subfinanciación. Sin embargo, convivimos con la paradoja de infrafinanciar sectores claves (salud pública, atención primaria y espacio sociosanitario) mientras una buena parte de los recursos se despilfarran en medicalización, precios abusivos de los fármacos… No hay que olvidar que, en su conjunto, después de las pensiones, la sanidad pública es la mayor partida del PIB (7% ).
En nuestra opinión, la crisis es fundamentalmente política, hunde sus raíces en la política, en las estrategias y prioridades de planificación y organización de nuestro sistema sanitario. Políticas acusadamente neoliberales, que externalizan directamente servicios y prestaciones, como en Madrid o Andalucía, o que circunscriben las privatizaciones, como ocurre en Asturias, al ámbito sociosanitario, las infraestructuras y los medicamentos y las tecnologías. Pero que, en todos los casos, han ido conformando un modelo de sanidad pública mercantilizada, que podríamos denominar “social liberal”, en donde, aunque los servicios sigan siendo públicos, se rigen por prioridades y valores trasvasados de la empresa privada y la ideología de mercado.
Las características propias del “modelo social liberal” vigente son fáciles de reconocer: Antepone el tratamiento a la prevención de la enfermedad; posterga la salud pública y no identifica los determinantes sociales de la salud; transfiere un enorme poder a la voracidad de las multinacionales de fármacos y tecnologías; apuesta por el hospitalocentrismo y condena a la Atención Primaria a una expendeduría de recetas y derivaciones de pacientes; gobierna y gestiona el sistema con exclusión de los profesionales y la ciudadanía; alimenta la medicalización y reconvierte a los pacientes en clientes; precariza a los profesionales y los empuja al extranjero o a la privada, y permite la compatibilidad y la colusión público-privada.
Estrategias de signo inequívocamente neoliberal que han impregnado y deteriorado nuestra sanidad pública y la conducen a su colapso. Pero todavía estamos a tiempo de detener este desatino y defender una sanidad pública, universal, humana y comunitaria. Y un primer paso imprescindible es una izquierda fuerte y unida, con conciencia crítica de la realidad y la suficiente voluntad política para defender el derecho a la salud.
Carlos Ponte.
Carlos Villán Durán: Profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo (España). Diplomado por el Centre d’Etudes de Droit International et Relations Internationales de l’Académie de Droit International (La Haya) y por el Institut International des Droits de l’Homme (Estrasburgo).
Antiguo profesor de Derecho Internacional Público en las Universidades de Oviedo y León (España), 1972-1982.
Antiguo miembro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ginebra, 1982-2005). En virtud de ese cargo investigó la situación de los derechos humanos en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, así como en varios países de África, Asia y Europa. Además, representó a las Naciones Unidas en más de ciento setenta conferencias internacionales de derechos humanos.
Codirector y profesor del Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá (Madrid) (2000 – 2022).
Profesor del Máster sobre Derechos Fundamentales y Políticas Públicas de la Universidad del País Vasco (UPV) (Bilbao), desde 2011.
Profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Chiapas (México), la Universidad CLADEH del Uruguay y profesor visitante de la Universidad Católica de Santiago del Estero (Argentina), desde 2023.
Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Chiapas (2023) «por su excepcional aporte al derecho internacional de los derechos humanos».
Miembro de honor de la Cátedra Libre Derecho Humano a la Paz de la Secretaría de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), desde 2024.
Autor de 194 trabajos científicos (entre los que se incluyen 20 libros) sobre temas de derechos humanos.
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